A sólo tres meses de que entre vigencia la Ley 21.057 sobre Entrevista Investigativa Videograbada en las seis regiones que forman parte de la primera etapa de implementación, el Ministerio Público alista sus distintas áreas para enfrentar con éxito el inicio de esta nueva y trascendental reforma, a través de la habilitación de 16 salas especiales, la generación de 59 entrevistadores, 6 instructores regionales y 4 nacionales.

La ley, tiene por objetivo evitar la victimización secundaria de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que deben enfrentar un proceso penal cuando hayan sido víctimas de alguno de los 16 delitos que ella contempla. La gerenta de la División de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional, Erika Maira, explica que esta ley “permitirá que los niños, niñas y adolescentes víctimas de dichos delitos puedan participar en el proceso penal en condiciones de igualdad sustantiva, es decir, la ley crea condiciones para que ellos participen en diligencias de investigación y presten su declaración judicial haciéndose cargo de sus especiales características y no como si fueran adultos, porque no lo son; en este sentido esta ley adecua el proceso penal a los NNA y de esta forma les genera una posibilidad de acceso igualitario a la justica y no revictimización”.

La Ley 21.057 comenzará a regir este 3 de octubre en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Maule, Aysén y Magallanes.

Los entrevistadores e intermediarios

La nueva norma contempla la figura del entrevistador, quien es el único que puede realizar consultas al niño, niña a adolescente relativas  a los hechos que le hayan afectado y a quién los ejecutó, y sólo puede hacerlo en el contexto de la diligencia de Entrevista Investigativa Videograbada. Pueden ser entrevistadores profesionales de las Unidades de Víctimas y Testigos de las Fiscalías Regionales (URAVIT), abogados asistentes de las mismas, fiscales y personal de Carabineros y Policía de Investigaciones.

Para ello, los entrevistadores se han sometido a intensas jornadas de formación especializada y una vez aprobado el programa CIFE (Curso  Inicial de Formación Especializada), deben ser acreditados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUDDHH). Luego, los entrevistadores ingresarán a un Programa de Formación Continua, cuya aprobación determinará que dicha acreditación se revalide por un nuevo período de dos años y tres meses, y así sucesivamente hasta que dejen de cumplir dicha función.

Para la primera etapa de implementación, la Fiscalía de Chile cuenta con 4 instructores nacionales para la formación de entrevistadores, 59 entrevistadores formados y 6 instructores regionales que realizarán la formación continua. Además, ambas policías también contarán con entrevistadores especializados: Carabineros lo hará con 28 y la PDI con 30.

La Ley 21.057 también contempla la figura del intermediario, quien actúa como interlocutor del NNA durante el juicio, facilitando su participación de forma segura y entendible. Su función se desarrolla en la sala especial del Tribunal, en la que sólo estarán presentes el intermediario y el NNA, y consiste básicamente en traspasar de manera clara y no revictimizante las preguntas que los abogados litigantes y los jueces necesitan formular.  Al igual que los entrevistadores, los intermediarios deben formarse a través de un curso CIFE, luego acreditarse ante el MINJUDDHH y ser objeto de un programa de formación continua permanente. Pueden ser intermediarios policías, profesionales de URAVIT y jueces.

Cambios en la infraestructura

La ley dispone que la diligencia de entrevista investigativa videograbada con niños, niñas o adolescentes sólo puede realizarse en una sala de entrevista especialmente diseñada para ello. Por esta razón, en las fiscalías pertenecientes a la primera etapa se habilitaron 16 salas de entrevistas que cumplen con los estándares legales necesarios para realizar este tipo de diligencia, distribuidas en las Fiscalías Regionales de Arica y Parinacota (1), Tarapacá (1), Antofagasta (4), Maule (2), Aysén (5) y Magallanes (3).  ”Se trata de un espacio especialmente diseñado para que sea un lugar neutro, cómodo, privado y seguro para que los niños y niñas puedan declarar”, explica Erika Maira.

Carabineros de Chile, la PDI y el Poder Judicial también habilitarán salas de entrevistas en cada región, lo que garantiza una adecuada cobertura en todas las localidades del país, partiendo así durante la primera etapa con un total de 58 salas especiales.

La Fiscalía de Chile ya trabaja con las regiones que contempla la segunda etapa de implementación de esta ley, que entrará en vigencia en  octubre de 2020 y corresponde a las regiones de Atacama, Coquimbo, Ñuble, Araucanía, Los Ríos y Biobío. La tercera etapa entrará en vigencia  en octubre de 2021, y corresponde a las cuatro Fiscalías Regionales de la Región Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins y Los Lagos.