Los diputados del Partido Liberal, Vlado Mirosevic y Alejandro Bernales, presentaron un proyecto de ley que propone terminar con el financiamiento y las remuneraciones de los representantes religiosos en dependencias estatales.

Esto, tras la investigación realizada por Canal 13 que reveló que el Estado gasta cerca de $1.200 millones anuales en los sueldos de los capellanes de las Fuerzas Armadas, que en ocasiones tienen el rango militar de general.

«Tiene que ver con evitar que se sigan remunerando los servicios religiosos en las instituciones de las Fuerzas Armadas de Chile, porque no tiene sentido que en un Estado laico aquellos capellanes reciban remuneraciones como parte del escalafón de las FF.AA.», indicó Mirosevic a Emol. 

El proyecto de ley recuerda que el servicio religioso de las Fuerzas Armadas de Chile fue establecido por el Papa San Pío X en mayo de 1910, y que desde ese momento se establece que el encargado de éste «tendrá un sueldo de ocho mil pesos (de entonces) al año», los cuales, según el texto de los parlamentarios, suponen un gasto para el Estado de $104.056.000 al mes y $1.226.710.469 en sueldos para capellanes castrenses al año.

«A lo anterior debe sumarse el gasto por causa de régimen de salud, pensiones, vivienda y vehículos fiscales, ya que los servidores religiosos tienen el mismo régimen que los funcionarios militares en estas áreas. El número de personas que prestan servicios religiosos en las Fuerzas Armadas asciende a 58», señala el documento.

Para el diputado frenteamplista, «es bastante cuestionable que eso sea así» y añadió que el «proyecto de ley tiene que ver con evitar que se sigan remunerando esos servicios religiosos, a través del financiamiento público en las instituciones de las Fuerzas Armadas».

Asimismo, Mirosevic explicó que «la religiosidad y las iglesias tienen que ser financiadas por sus fieles (…), no corresponde ese tipo de subsidios o de privilegios que hemos visto en el reportaje de Canal 13».

«Estamos hablando de capellanes que reciben altos sueldos, sueldos equivalentes a generales, por ejemplo, y que nos parece que no tiene que haber necesariamente un financiamiento de sus remuneraciones por parte del Estado y tampoco que sea homologable a los escalafones de las Fuerzas Armadas», agregó.

El texto de los parlamentarios plantea los siguientes tres principios: primero, «el respeto a la libertad religiosa, en virtud de dicha libertad»; segundo, «el servicio religioso sólo podrá ser ofrecido a quién lo solicite, ninguna religión puede tener privilegio por sobre otra, ni tampoco régimen especial en las fuerzas armadas»; y tercero,»el financiamiento del servicio religioso en las fuerzas armadas debe ser asumido por el solicitante del servicio religioso o por la organización que lo provea, pero no por el Estado».