Cuando escucharon por primera vez de las reformas al Ministerio Público del Gobierno y de las propuestas del fiscal nacional, Jorge Abbott, hubo ciertas aprensiones. Ayer y el martes parte importante del consejo de fiscales estuvo marcado por estas modificaciones.
Quienes conocieron el contenido de la reunión, dijeron que los asistentes reafirmaron la necesidad de reformas estructurales, pero rechazaron que estas sean producto del conflicto Arias-Moya, fiscal regional de O’Higgins y de Alta Complejidad de Rancagua, respectivamente, quienes permanecen suspendidos, sumariados e investigados penalmente, tras denunciarse uno a otro por hechos que pudieran tener características de corrupción.
No creyeron, como dice el mensaje inicial del Gobierno, que estos cambios al sistema de nombramientos, posibilidad de repostulación de fiscales regionales, inhabilidades, entre otros, respondieran a la situación actual del Ministerio Público, sino más bien al tiempo transcurrido desde su creación, casi dos décadas, consigna El Mercurio.
Ahora la Fiscalía Nacional recogerá todas las impresiones de los regionales y también de la asociación previo a iniciar las conversaciones con el Ministerio de Justicia.