Hoy se inicia la audiencia de preparación de juicio oral en contra de Aldo Motta Camp luego de que la Corte Suprema anulara la condena establecida en enero pasado en contra del exgerente general de las sociedades Cascada. Según determinó el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal, el juicio no podrá tener una duración más allá de seis meses y la apertura estará marcada por la arremetida de la defensa de Motta Camp para quitar la legitimación activa al querellante Roberto Hernán Lobos Cerda (77), quien ha sido representado por el bufete de Mauricio Daza Carrasco. Lobos Cerda, jubilado y residente en la población El Peñón de Puente Alto, invirtió el 1 de agosto de 2012, a través de la corredora de bolsa Larraín Vial, un millón y medio de pesos en papeles de Soquimich, Potasios de Chile, Norte Grande y Oro Blanco.
Un mes después, se convirtió en parte del caso Cascadas, una investigación sobre una serie de operaciones efectuadas entre los años 2008 y 2011, que implicaron multas por parte de la entonces Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) para los involucrados de hasta US$164 millones, que han sido sistemáticamente rebajadas en el Tribunal Constitucional. En el recurso de Motta Camp ante la Suprema, uno de los puntos planteados fue precisamente la situación de Lobos Cerda. Al respecto, el abogado del ingeniero comercial, Gabriel Zaliasnik, aseveró que ‘el sistema procesal penal acusatorio se funda en transparencia y buena fe procesal. Si se convalida o ignora burda actuación instrumental del querellante Lobos se daña todo el sistema de justicia penal. Aceptar querellantes instrumentales que representan intereses ajenos implica reproducir algunos de los vicios y defectos del antiguo sistema inquisitivo’. La referencia del profesional es a los vínculos laborales que ha tenido el estudio de Daza Carrasco con el grupo económico de Francisco Javier Errázuriz, quien ha mantenido una histórica disputa con el accionista mayoritario de SQM, Julio Ponce.
Según Daza Carrasco, ‘esto ya se ha planteado en a lo menos cuatro oportunidades previas, durante diversas etapas del proceso, incluso ante la Corte Suprema. En todas ellas se han desestimado los argumentos de la defensa de Motta, lo que resulta lógico, ya que se basan en especulaciones inconsistentes, las que en cualquier caso nada tienen que ver con los delitos que se imputan y las contundentes pruebas que existen para acreditarlos’.
LOS SUPUESTOS ILÍCITOS.
La exSVS –hoy Comisión de Mercado Financiero- acreditó la existencia de un esquema que habría sido ideado por el controlador Ponce Lerou, con el apoyo de Motta Camp y Patricio Contesse Fica, gerentes generales de las sociedades Cascada y Potasios, para dejar disponibles paquetes de acciones para rematar en el mercado y luego recomprar a precios mayores a los de su venta inicial. La fórmula tenía distintas escalas: sociedades Relacionadas, a cargo de Ponce Lerou; Vinculadas, a cargo de Roberto Guzmán, e Instrumentales a cargo de Leonidas Vial y Alberto Le Blanc.
En plan implicaba que estos grupos percibían utilidades mientras la Cascada, por ende, sus accionistas, asumían los sobrecostos. Por estos hechos, fue condenado Motta Camp a cuatro años de libertad vigilada por haber sido considerado culpable de tres de los siete cargos que le imputaba la Fiscalía: dos operaciones de manipulación del mercado bursátil y un cargo de abuso de posición dominante. El pasado 15 de abril, la segunda sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama y Jorge Dahm, acogió en fallo dividido el recurso de nulidad presentado en contra de esta sentencia: determinó una infracción al principio de congruencia al fallar respecto de la participación del ingeniero en el presento plan delictivo de Ponce Lerou, hecho que no figuraba en la acusación del Ministerio Público y que afectaría el derecho de la defensa.
Fuente: La Tercera