El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago abrió una investigación en contra de dos juezas de tribunales civiles por presuntos nombramientos irregulares de árbitros. Así consta en la resolución notificada el pasado 5 de junio a la que accedió Radio Bío Bío. Por esta razón se designó al ministro Carlos Gajardo.

La indagatoria recayó sobre las magistradas María Sofía Gutiérrez Bermedo y Patricia Castro Pardo, titulares de los juzgados 12º y 21º, respectivamente. Junto a lo anterior, el ampliado de ministros incluyó expresamente a tribunal de Colina, a raíz de otra denuncia ingresada hace pocas semanas.

Básicamente, la determinación apunta a que Gutierrez y Castro habrían nombrado en forma reiterada a la abogada Gladys Apara Riadi como árbitro en distintas causas.

El caso que determinó la apertura de la indagatoria, llegó a la presidencia de la Corte Suprema el pasado 14 de mayo, a través de un oficio firmado por el presidente del Colegio de Abogados Arturo Alessandri. Junto al documento se adjuntó una denuncia presentada por los abogados José Joaquín y Fernando Ugarte ante la entidad gremial.

Ambos profesionales, son patrocinantes en una causa relativa a una herencia solicitada por la jueza Gutiérrez, a raíz de que un pariente cercano fue declarado interdicto. Quien tramita el caso es precisamente su colega Castro y según los abogados, la designación de Apara Paradi como árbitro es irregular. Eso sin contar que esta última, de acuerdo a la resolución de la Corte de Santiago, habría sido nombrada en al menos 19 oportunidades entre 2014 a 2016 por ambos tribunales.

Esta nueva investigación se suma a los escándalos de corrupción que han afectado al Poder Judicial. Entre ellos, la solicitud de remoción de tres jueces de Rancagua, Emilio Elgueta, Marcelo Albornoz y Marcelo Vásquez, decisión que está pendiente en el máximo tribunal.

Prevaricación

En paralelo a indagatoria administrativa y que afecta a la magistrada Patricia Castro, existe una de carácter criminal por el delito de prevaricación que lleva la Fiscalía Centro Norte, a raíz de la querella presentada por el abogado Marcelo Castillo.

La acción legal apunta a que Castro dictó sentencias contradictorias en el marco de dos causas civiles, fallando “contra ley expresa”.

Los hechos, según el libelo, “dan cuenta que la querellada cometió el delito de prevaricación judicial al dictar la sentencia de fecha 24 de mayo de 2017, recaída en la causa Rol N.° C-26.581-2014, seguida en el 21.° Juzgado de Letras Civil de Santiago, entre “Agrícola Ariztía Limitada e Inmobiliaria e Inversiones Infinita S.A. y otra”, acogiendo, a sabiendas, una demanda de citación de evicción e indemnización de perjuicios, sin que existieran fundamentos legales para ello, fallando contra ley expresa y vigente en una causa civil”.

De ser sancionada penalmente, arriesga, dijo Castillo, a “la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y profesiones titulares y la de presidio o reclusión menores en cualesquiera de sus grados, es decir desde los 60 días hasta los cinco años”.

El profesional, en todo caso, valoró la decisión judicial de iniciar una indagatoria administrativa. “Nos parece estupendo que la Corte inicie una investigación para averiguar qué es lo que está ocurriendo con esta jueza que evidentemente actuó al margen de toda norma legal con prevaricación y con grave perjuicio de los intereses de mi cliente”, indicó.

Otros casos

La decisión del tribunal de alzada tiene un antecedente anterior, que involucra al abogado Manuel Valderrama Escobar, hijo del ministro de la Corte Suprema, Manuel Valderrama.

Tal como lo reveló este medio en junio de 2018, Valderrama Escobar fue designado árbitro en un litigio relativo a la partición de un terreno de San Bernardo avaluado en 2.000 millones de pesos. Tan irregular fue su actuar que el Pleno de la Corte de Santiago lo sancionó con una censura por escrito y determinó volver el caso a fojas cero y se efectuara un nuevo remate.

A raíz de ese hecho no sólo se abrió una investigación -aún vigente- en contra de un juez civil suplente, sino también contra el notario Cosme Gomila que inscribió de forma anómala la propiedad.

A raíz de la misma situación, a principios de 2019, el Pleno del tribunal de alzada abrió un cuaderno administrativo para recopilar información de los treinta tribunales civiles de la jurisdicción de Santiago, con miras a establecer cómo se han nombrado los árbitros.

Fuente: Biobío