La discusión en torno a si los funcionarios públicos pueden recurrir o no a la justicia por temas laborales volvió a instalarse sobre la mesa en los últimos días. Si hace unos meses hizo noticia el Tribunal Constitucional por emitir un fallo que dejó sin tutela laboral a los citados trabajadores, lo cual significa -a juicio de la entidad- que no pueden recurrir a instancias judiciales por despidos arbitrarios, discriminación, violación a la libertad de expresión, entre otras causas, debido a que no se regulan bajo las reglas del Código del Trabajo.
Ahora, en fallo unánime la Suprema acogió un recurso de unificación de jurisprudencia y ordenó a la Municipalidad de Valparaíso a pagar las remuneraciones a una trabajadora a contrata desvinculada, ‘por haberse vulnerado su derecho a no ser discriminada con ocasión de la cesación de sus servicios a contrata’, dice el fallo. Replicando una postura que la Suprema ha señalado desde 2014.
‘No comparto el pronunciamiento de la Corte Suprema. En esta materia, el Código del Trabajo es tremendamente claro al señalar que sus normas no se aplican a los funcionarios de la Administración del Estado, sea centralizada o descentralizada’, planteó Jaime Salinas, director del área laboral en Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría.
Una opinión en la misma línea entregó Luis Lizama, director del Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad de Chile, quien agregó que ‘este fallo lo que hace es ratificar que estamos ante un conflicto sin solución, porque no hay en el sistema jurídico chileno un órgano competente para resolver esta contienda que se presenta’, dijo.
Fuente: Diario Financiero