‘El Ministerio Público, creado en ocasión de la Reforma Procesal Penal, ha cumplido 20 años en los cuales se han efectuado cambios o reformas vinculadas, en su mayoría, a la persecución penal, requiriendo hoy cambios urgentes que introduzcan estándares más estrictos en el actuar de sus fiscales, acorde con lo demandado por la ciudadanía’, De esta forma, el Ministerio de Justicia explica en su página web la reforma que el Gobierno busca introducir en la fiscalía ‘con cambios a la Constitución Política y la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público’.
Las repercusiones que puede tener esta medida es materia de preocupación en el Ministerio Público, donde se busca establecer una posición uniforme e institucional sobre la reforma con dos reuniones: una que encabezó el fiscal nacional, Jorge Abbott, este viernes y por videoconferencia con los jefes regionales, y otra a fines de de junio, a propósito del Consejo de Fiscales que se realiza trimestralmente, consigna El Mercurio.

Cita online: correo de Abbott a 19 fiscales
La tarde del pasado martes 4 de junio, el fiscal nacional envió un correo electrónico a los 19 fiscales regionales del país para citarlos a una reunión por videoconferencia. La cita se concretó el viernes a las 11:00 horas y fue encabezada por el fiscal nacional, que dio a conocer detalles de las modificaciones que se buscan impulsar desde el Ejecutivo (ver recuadro). Las primeras inquietudes y suspicacias sobre la reforma fueron planteadas por parte de los fiscales regionales, indicaron fuentes que estuvieron presentes en la reunión online. Sobre todo, tras la cita de Abbott con autoridades de gobierno —como el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el titular de Justicia, Hernán Larraín— antes que se conociera la opinión de los fiscales regionales, indican.
En ese marco se acordó tratar la reforma al Ministerio Público en el próximo Consejo de Fiscales, que se realizará el 25 y 26 de junio. En la antesala de la tercera cita trimestral, los investigadores comentaron que ‘por la importancia del tema se requiere un tratamiento institucional más profundo’. De hecho, piden que de forma inédita se incluya como único tema de la reunión. También se distancian de los comentarios que Abbott ha realizado sobre la materia, indicando que la versión institucional surgirá solo a fin de mes, una vez que se haya concretado el consejo.
Tarea para la casa: Fiscales estudian reforma Los persecutores a cargo de zonas regionales, además, recibieron una copia con los detalles de la reforma. El objetivo es que los investigadores estudien la iniciativa y lleguen con una opinión acabada a la cita que se realizará en dependencias del Ministerio Público. Al interior de la institución, los fiscales aseguran que la preocupación se funda en lo definitivo que puede resultar el cambio legislativo y comentan que regirá al Ministerio Público de forma permanente, marcando el destino de la entidad
Discrepancias: Autonomía y politización de la fiscalía Parte de la primera lectura sobre los cambios a la normativa —constitucional y orgánica— es crítica. En especial, aquella relacionada con la elección de fiscales, que podría incluir a un funcionario de la Alta Dirección Pública. La eventual politización y la pérdida de autonomía forman parte de las principales inquietudes de los integrantes del consejo. Los fiscales regionales no solo cuestionan la medida de gobierno, sino algunas reformas comentadas por el propio fiscal nacional, en específico aquella que considera la intervención de más de un regional en causas de mayor connotación.
Hay opiniones que estiman que las investigaciones deben recaer en un solo fiscal. Abbott, en cambio, considera que más fiscales podrían mejorar la calidad de la decisiones. Los investigadores concluyen que siempre es posible perfeccionar a la institución, incluso con cambios a la ley orgánica.

Elecciones y más control: los cambios que estudia el Ministerio de Justicia
Nombramiento de fiscales, sistema de control de auditoría, régimen penal y disciplinario, inhabilidades posteriores al cese de funciones y normas de lobby —con estándares más estrictos de transparencia— son los principales puntos que contempla la reforma al Ministerio Público.
El Ministerio de Justicia trabaja en estas modificaciones, que incluyen, por ejemplo, un nuevo sistema de elección de fiscales, con un comité de selección integrado por representantes de la Corte de Apelaciones, de universidades y la Alta Dirección Pública. En cuanto a la responsabilidad penal y disciplinaria, se crea una nueva unidad autónoma denominada Comité de Asuntos Internos.