El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, se refirió el viernes 7 de junio pasado a la importancia de la ejecución penitenciaria, con motivo de una nueva ceremonia en que juraron 50 nuevas y nuevos abogados.

«Si bien buena parte de la sociedad suele rechazar la aparente sobre protección que reciben de parte de los jueces los imputados, acusados o condenados» -indicó el presidente- «la privación de libertad de una persona no puede ser entendida solo como un medio para castigar, porque antes que aquello, es un medio para educar, resocializar, y de ese modo, prevenir que en el futuro el sentenciado vuelva a delinquir».
La autoridad indicó que si bien es cierto  el sistema penal debe contribuir a la seguridad pública y que es deber del Estado proporcionar una respuesta a estas acciones «su papel no se relaciona sólo con la previsión de los ilícitos; también alcanza a la ejecución de las sentencias, la que habrá de llevarse bajo la orientación de los Derechos Humanos».
Recalcó que  «en la base de todas las normas se encuentra el principio capital de la dignidad de la persona humana que, como se recordará, parte del postulado de que cada ser humano, por su condición de tal, tiene un valor intrínseco».
El presidente Brito indicó que,»las inaceptables circunstancias en que las personas privadas de libertad cumplen sus condenas en Chile constituyen una clara barrera a un pleno acceso a la justicia que les permita el legítimo ejercicio de los derechos que la Constitución y el Derecho Internacional humanitario les reconocen».
«He querido compartir estos breves comentarios sobre la importancia de la ejecución penitenciaria, por cuanto estimo que instancias como esta constituyen una buena oportunidad para sensibilizar al público en general acerca de temas relacionados con cuestiones de interés para todos, por su directa afectación al bien común, tal como los es la necesaria comprensión del problema carcelario como una cuestión de derechos humanos en la que se debe alcanzar una adecuada conciliación entre el respeto y protección de los derechos humanos de los sentenciados con las imperantes necesidades de seguridad pública» finalizó.
Esta fue la trigésima primera ceremonia del presente año, ascendiendo a 1583 los profesionales titulados a la fecha.