El consumo de drogas y alcohol ha sido un problema constante en las sociedades mundiales, que se han puesto en marcha con diversas medidas para frenar su ofensiva. Caso que se vivió en Colombia desde el año pasado, cuando se prohibió su consumo en los espacios públicos.

A pesar de la intención del Gobierno de Iván Duque para controlar el microtráfico, la idea fue criticada y este jueves quedó en el recuerdo. De ahora en adelante, no regirán los artículos 33 y 140 del Código de Policía, donde se ubicaba esta regla que impedía el consumo de estas sustancias en ciertos lugares e impone multas a quienes incurran en estas conductas, ya que el tribunal consideró que estas disposiciones iban en contra del desarrollo de la personalidad de las personas.

«El legislador viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad al prohibir de forma general so pena de medidas de policía el consumo de bebidas alcohólicas y psicoativas en espacio público, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público como forma de proteger la tranquilidad y las relaciones respetuosas», explicó a medios colombianos la magistrada de la Corte Constitucional, Diana Fajardo.

Además, añadió que hay otros medios de policía «previstos en el mismo código para lograr la misma finalidad, sin que se sacrifique tan intensamente una libertad».

 

Polémica desde sus inicios

Fue en agosto de 2018 cuando el Presidente de Colombia, Iván Duque, impulsó un proyecto de decreto para intentar frenar el microtráfico, buscando «la confiscación de cualquier dosis de drogas que esté en las calles de Colombia, ya que queremos una sociedad libre de drogas» para así «proteger a niños y jóvenes», según dijo tras un consejo de seguridad de ese año.

A pesar de sus intenciones, rápidamente se generaron voces contrarias a su idea, ya que la opinión pública no vio con buenos ojos la estrategia a implantar. Incluso, se cuestionó su legalidad y se indicó que la ofensiva podría tener un efecto contrario al buscado, ya que impulsaría un mayor número de delitos.

«El jíbaro en el barrio no se acaba con la requisa, al contrario, venderá más droga y más cara», fueron los dichos de Gustavo Preto -quien compitió contra Santos por la carrera presidencial de 2018-cuando comenzó la polémica. Junto a las críticas, se tomaron otras acciones para demostrar el rechazo a la normativa, como la realización de una «fumatón».

A pesar de la oposición, la medida llegó a aplicarse en octubre de 2018, por lo que las personas que fueran sorprendidas con una bebida alcohólica o portando droga en cualquier espacio público, como parques, estadios, coliseos, entre otros, sería multada.

Además, la policía tenía la potestad de disolver reuniones o juntas de personas en que alguna de estas sustancias estuviera presente. La decisión también afectaba a la dosis mínima – término nacido en 1994 y que se refiere a menos de 20 gramos de marihuana o un gramo de cocaína – que era lo que cualquier persona podría portar, y que ahora también correspondía a sanción de 208.000 pesos colombianos (casi $44 mil pesos chilenos).

 

Cambio esperado y reacción del Gobierno

El panorama ahora es distinto, ya que no se podrán aplicar sanciones a los ciudadanos por portar o consumir estas elementos en espacios públicos. Tampoco podrá la policía colombiana destruir la sustancia o enviar al involucrado a un centro para adictos o ser parte de un programa pedagógico. Como se mencionó, la razón principal para su rechazo fue el derecho a la libre personalidad.

«El Estado no diseña el plan de vida. La gente tiene la libertad de tomar las decisiones que le correspondan», fue la defensa realizada por la presidenta de la Corte, Gloria Ortiz, ya que a pesar de que la medida podía tener correctas intenciones, se incurría en prohibiciones que no solucionarían el conflicto.

Los apartados criticados del Código, y denunciados por los ciudadanos Alejandro Matta Herrera y Daniel Porras Lemus, señalaban que el consumo de alcohol y/o drogas afecta «la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas» y que va en contra del «cuidado e integridad del espacio público».

Finalmente, por una votación de 6 a 1 la Corte validó el rechazo y defendió una máxima que imperaba desde 1994, donde en Colombia se trata como una decisión personal el uso de estas sustancias. Ante este revés, el Mandatario aseguró que acata y respeta los fallos, pero que «como Presidente de Colombia no voy a descansar un solo minuto en que debemos destinar a cerrar ollas de microtráfico, a liberar los parques, a liberar los entornos escolares, porque así como nosotros enfrentamos los cultivos ilícitos, vamos a enfrentar con toda la determinación el microtráfico en todos los rincones del país».

Asimismo, contabilizó en 11.000 parques y otros miles de sectores cerca de escuelas que fueron «liberados» por la creación de esta normativa, que en esta jornada puso fin a su aplicación, en la búsqueda de Duque para combatir el uso de drogas.

Fuente: Emol