La defensa del suspendido juez de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vásquez presentó un recurso para suspender o inhabilitar mañana a los 5 integrantes de la Tercera Sala de la Corte Suprema que el 17 de abril pidieron un pleno para remover de inmediato los ministros cuestionados y suspendidos por tráfico de influencias en el tribunal de alzada de la región de O’Higgins.

El abogado Isidro Solís interpuso un recurso de implicancia en contra de los 5 altos magistrados para tratar de inhabilitarlos en la audiencia de este viernes, en la cual se discutirá si se abre un cuaderno de remoción contra los ministros Marcelo Vásquez, Marcelo Albornoz y Emilio Elgueta.

Los cargos que enfrentan incluyen graves faltas a la probidad administrativa por recibir préstamos de otros jueces, de amigos que tenían procesos pendientes en sus tribunales, por cambiar integración de salas, entre otras situaciones.

En el desglose de las acusaciones, la ministra Rosa María Maggi estableció que en relación al magistrado Elgueta, intervino en un recurso de protección de Luis Arenas proporcionándole información de la causa; se comunicó con abogados y partes litigantes en siete causas; solicitó al fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, designar un cargo laboral a su excónyuge y a una alumna; exigió la designación de una alumna en un cargo en el Primer Juzgado Civil de Rancagua mediante presiones; y pidió un pago de un millón de pesos al juez de Garantía, Gianni Libretti, consiga Biobío.

En tanto, al ministro Albornoz se le acusa de solicitar al imputado Luis Arenas 1,5 millones de pesos mientras éste se encontraba incumpliendo una medida cautelar de prisión preventiva.

En el caso de Vásquez, se le atribuyen irregularidades por haber dictado el nombramiento de su hija como consejera técnico suplente; haber prestado consejo a Luis Arenas Contreras, a sabiendas del incumplimiento de una medida cautelar; y por haber modificado –en su calidad de presidente del tribunal de alzada- la integración de una sala de la Corte de Apelaciones, sin justificación ni motivo legal, que revisó el sobreseimiento de Sebastián Dávalos en el caso Caval.