Preocupada está la fiscal judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello, por los últimos incidentes en la cárcel.  Y no es que se oponga a la arremetida de la dirección nacional de Gendarmería, con su plan anticorrupción y antinarcotraficantes en los recintos penales.
Es que estima necesario apoyar esta tarea, para que llegue a buen puerto. El órgano que dirige, la fiscalía judicial, está encargado de velar por los derechos de los ciudadanos frente al desempeño de los funcionarios del Poder Judicial. Es decir, debiera actuar como mediador entre las personas y los tribunales.
Desde 2009 que el sistema carcelario se ha constituido en una prioridad para la fiscalía judicial del máximo tribunal, lo que se acentuó después de la gran tragedia ocurrida el 8 de diciembre de 2010 en la Cárcel de San Miguel, donde murieron 81 personas.
Su antecesora, la fiscal Mónica Maldonado, hizo entonces un crudo informe denunciando el grave hacinamiento, la falta de rehabilitación y reinserción, y también los privilegios que gozaban ya entonces los reos narcotraficantes internos en Colina 2, el mismo penal donde el 27 de abril un allanamiento en el módulo B, con el traslado de 112 internos, puso al descubierto las celdas VIP que tenían algunos narcos.
La ministra Lya Cabello cuenta que en esta ocasión, respecto de los operativos en Colina 2 y la Calle 6 de la ex-Penitenciaría, ‘yo tomé conocimiento por la información que me entregó el propio director nacional (Christian Alveal) y lo felicité’. Al respecto, acota: -Me siento muy satisfecha de las gestiones que se están haciendo en Gendarmería. Atacar la corrupción en cualquier circunstancia, y la situación de celdas de privilegio en los penales, me parece muy importante. El apoyo es para que se continúe y se sancione a las personas que eventualmente resulten responsables, porque todo el trabajo que se pueda hacer de mejoramientos a las condiciones de vida de los internos pierde fuerza cuando hay corrupción dentro de las cárceles.

‘Sumarios e investigaciones tienen que ir de la mano’
La fiscal Cabello recuerda que ‘en muchas oportunidades en que se intentó esta limpieza en definitiva no pudo prosperar, al parecer por movimientos internos dentro de los recintos, motines, amenazas, etc.’.
Entonces, dice, ‘mi preocupación apunta a que efectivamente esta vez, en que hubo la fuerza para hacerlo, la decisión de hacerlo, se le pueda prestar apoyo a Gendarmería para que se llegue a término, que se sancione a las personas responsables de la situación y prevenir futuros intentos de corrupción’.
Recuerda que ella es observadora del comportamiento de los funcionarios del Poder Judicial, pero que llegó a este tema ‘por los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
Si Gendarmería no está cumpliendo su labor, eso repercute tarde o temprano en vulneración de derechos de los internos y cero posibilidad de reinserción’.
-Hay quienes se preguntan por qué el Ministerio Público no ha acelerado la investigación de 28 denuncias que ha recibido sobre esta materia. ¿Cómo lo ve usted?
-Las decisiones y actividades del Ministerio Público no las puedo juzgar porque no las conozco. Ellos no son parte de los juicios que nosotros conocemos, pero me preocupa que sus investigaciones lleguen a buen puerto, tanto ellos como los sumarios administrativos internos de Gendarmería, porque las dos cosas tienen que ir de la mano.
‘El imperio del derecho también debe funcionar dentro de los penales’
Advierte la ministra que ‘si no se limpian las cárceles, no podemos avanzar y la reinserción no opera’. Enfatiza que el imperio del derecho también debe ser respetado en los penales.
-Si las cárceles quedan sin la aplicación de normas jurídicas, no tenemos posibilidad de que realmente la pena cumpla la función que le asigna la política criminal y la sanción penal. Porque en este caso sancionamos y privamos de libertad. Sin embargo, lo que hemos visto es que algunas personas adentro están en condiciones que les permiten incluso seguir realizando su actividad delictual, y ahí no está imperando el derecho. Puede parecer un absurdo, pero la cárcel también tiene que regirse en la aplicación de normas y en el respeto a los derechos fundamentales.

Fuente: El Mercurio