La Fiscalía Metropolitana Centro-Norte abrió una investigación en contra de la Contraloría por presuntamente cometer los delitos de tráfico de influencias, fraude al fisco y prevaricación.

Según detalló este domingo La Tercera, esta investigación se enmarca en la denuncia «en contra de quienes resulten responsables» interpuesta por la subcontralora Dorothy Pérez, sin embargo, los antecedentes reunidos en las últimas semanas apuntan directamente al contralor Jorge Bermúdez y a su círculo de confianza.

La causa recayó en la fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Tania Sánchez, que ya investigaba con anterioridad otra denuncia interpuesta por la subcontralora en contra de su superior jerárquico.

Estos hechos datan del periodo en que Bermúdez intentó remover a la subcontralora de su cargo, hecho que terminó –tras un fallo judicial- a favor de Pérez, luego de que la Tercera Sala de la Corte Suprema le ordenara al contralor restituirla en su cargo en noviembre del 2018.

 

La denuncia

En el texto de denuncia, la subcontralora detalló –según su punto de vista- que la Contraloría modificó irregularmente las sanciones aplicadas en el informe final de la auditoría que el organismo fiscalizador realizó al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) en el año 2017.

En este proceso, según detalla el texto, se detectaron pagos sin el correcto fundamento de asignaciones especiales en las remuneraciones de 300 funcionaros por 322 millones 282 mil 407 de pesos.

En este contexto -detalla el escrito- la Contraloría Regional Metropolitana 1 siguió esta irregularidad y los consignó en un informe que envió a la Contraloría General de la Republica, en el que se nombraba -en diversas partes del documento- a la por entonces jefa jurídica del Sernageomin Doris Roa Moraga y solicitaban reintegrar los más 322 millones de pesos pagados de forma indebida.

 

Prevaricación y tráfico de influencias

Sin embargo, según denuncia Dorothy Pérez, la Contraloría Regional recibió el documento de vuelta con diversas anotaciones por parte del director jurídico de la Contraloría Camilo Mirosevic -hermano del diputado Vlado Mirosevic y uno de los asesores de Bermúdez- que solicitaban eliminar la orden de reintegrar los fondos mal pagados, además de sacar del informe final el nombre de la abogada Doris Roa.

Cinco días después de esta corrección, el contralor Jorge Bermúdez contrató y designó a la abogada Doris Roa Moraga como fiscal de la Contraloría -cuarto cargo en la jerarquía del ente fiscalizador– lo que generó las sospechas de prevaricación y tráfico de influencias, detalló el matutino.