El Poder Judicial ha estado en el foco de atención durante las últimas semanas y la Asociación Nacional de Magistrados no se ha quedado al margen. Luego de darse a conocer la investigación administrativa y penal que pesa sobre tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua -Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz-, el gremio, a través de su directiva, se ha reunido con distintos actores del mundo judicial para buscar una solución al conflicto que afecta a los magistrados.

En entrevista con La Tercera, la presidenta de la asociación, Soledad Piñeiro, es enfática en señalar que, a su entender, el problema es sistémico: por una parte no existen las garantías para que los nombramientos realizados por los jueces no estén ajenos a conflictos de intereses y, por otro lado, la labor propia de los magistrados -que es el resolver conflictos-, no está separada de las labores administrativas. Estos son algunos de los descargos de la representante gremial:

-¿Qué balance realizan desde la Asociación Nacional de Magistrados sobre la situación de los jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua?
Es una situación muy grave y muy preocupante. Esperamos que las investigaciones que están en curso logren determinar tanto los hechos que deben ser sancionados como las personas que están involucradas en ellos, y aplicarse las sanciones que correspondan.

-De todas estas acusaciones, ¿qué es lo que más afecta al Poder Judicial?
Claramente hay un problema de credibilidad en la ciudadanía, pero también hay un problema que a mí me parece que es relevante que tiene que ver con la estructura del Poder Judicial. Con cómo nos organizamos como Poder y con cómo nos organizamos como país desde la perspectiva democrática. En ese sentido, la reestructuración del Poder Judicial aparece como necesaria y uno de los pilares fundamentales tiene que ver con la independencia del desarrollo de la sanción judicial.

-Justamente ustedes se reunieron el 11 de abril con el presidente de la Corte Suprema y realizaron observaciones a la estructura del Poder Judicial. Entre ellas, señalaron que “la Corte Suprema no puede ser juez y parte interesada”. ¿Cuál sería la forma más transparente de realizar este tipo de indagatorias en este caso?
Yo creo que es importante distinguir que la Corte Suprema, que la ministra Rosa María Maggi, está investigando solo a personas del Poder Judicial. En este caso, sabemos que son tres ministros a lo menos los que están siendo investigados. Los cambios que tienen que hacerse tienen que darse luego de este diagnóstico que ya hemos realizado. Y concretar estos cambios tiene que ser de manera democrática, en el Congreso, en la iniciativa legislativa del Ejecutivo.

-El 17 de abril se realizó un Pleno Extraordinario, convocado por cinco de sus ministros, en el que se votó la remoción de los jueces del tribunal de alzada de Rancagua investigados. Solo un voto los mantuvo en el cargo. ¿Habría sido un error que la Suprema removiera a los jueces sin terminar la investigación de la ministra Maggi?
A mí me parece que lo que corresponde efectivamente es que antes de tomar una sanción, y sobre todo una sanción tan drástica como la remoción, debe existir un proceso previo en donde el afectado o la afectada pueda realizar sus descargos y su defensa. Y haber tomado una decisión antes de realizar ese proceso nos habría puesto en una decisión más compleja en el sentido de no respetarse las garantías del debido proceso para aquellos que puedan verse afectado. Nos parece adecuado que se haya decidido no proceder a esta medida sino cuando medie el debido proceso.

-¿Le pareció precipitado este llamado a Pleno Extraordinario?
Claramente si no había un debido proceso previo, no era el momento oportuno para resolver la remoción o no de determinadas personas. Así que en ese sentido lo lógico es esperar que se resuelva la investigación, le comuniquen a cada uno los cargos y le permitan defenderse.

-Senadores de la UDI presentaron un proyecto de ley para acusar constitucionalmente al fiscal nacional y a los fiscales regionales. ¿Cómo evaluaría una medida similar para el Poder Judicial?
Yo creo que frente a esta situación conflictiva es lógico que nos pongamos a reflexionar, nos sentemos a conversar sobre cuáles son los controles óptimos que podemos desarrollar respecto de cualquier institución y sobre todo las que están involucradas en estos hechos. Por lo tanto, toda decisión en cuanto a qué debiera ser lo correcto o lo no correcto me parece que es precipitado.

-En la reunión con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, ustedes plantearon una reforma estructural al Poder Judicial. ¿Cree que la estrucutura del Poder Judicial ha influido en las acusaciones de corrupción que se han conocido?
Creo que sin lugar a dudas la estructura, y sobre todo la estructura que tiene que ver con los nombramientos del Poder Judicial, es la que ha permitido que existan ciertos vacíos y ciertos espacios sin reglas claras. Y donde no hay reglas claras lo lógico es que cualquiera pueda hacer lo que estime pertinente. Y entonces en esa medida es que efectivamente realicen lo que creen que es correcto, o por el contrario, realicen a sabiendas algo que no deben realizar, pero que la ley no le ha puesto un límite adecuado. Eso nos parece que hay que corregir, y lo hemos advertido desde hace muchos años. Hemos mantenido que debe haber una reestructuración del Poder Judicial.

-¿Y hacia dónde debería apuntar esa reestructuración?
Una de las más importantes para nosotros es la que debe existir de la función esencial del juez, que es la de resolver conflictos y que se conoce como la jurisdiccional; y aquella que no tiene que ver con eso, sino más bien con cuestiones administrativas, en donde englobamos nosotros el sistema de nombramientos, el sistema de responsabilidad de los jueces y el gobierno propiamente judicial. Deberían ser separadas, porque esa separación lo que asegura es que el juez tenga una independencia que le permita resolver las causas que están sometidas a su conocimiento, sin tener que verse afectado por algún tipo de presión, vinculadas por ejemplo a sistemas de nombramiento o a sistemas de calificaciones. Aunque nada se puede asegurar en un cien por ciento, separadas esas dos funciones tenemos claro que podemos restringir los espacios de injerencias o de presiones.