Hasta Rancagua acudieron dos personajes claves en el caso que por estos días concentra las preocupaciones en el Poder Judicial. Por una parte, la ministra instructora Rosa María Maggi, quien investiga las eventuales irregularidades internas de los jueces de la Corte de Apelaciones de la Región de O’Higgins -Emilio Elgueta, Marcelo Albornoz y Marcelo Vásquez-, y por el otro, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Eugenia Manaud, quien concurrió hasta el Ministerio Público.

La visita de Manaud responde a la pugna entre el organismo y la Fiscalía Regional de O’Higgins por los antecedentes en el caso. En el consejo reclaman que falta información que les sea remitida, y por el lado del ente persecutor señalaron que el 26 de marzo les proporcionaron todos los datos necesarios para que pudieran hacerse parte.

En medio de esta disputa llegó la presidenta del CDE a Rancagua para entrevistarse con el fiscal regional Emiliano Arias, previa solicitud de intervención al fiscal nacional, Jorge Abbott.

En la cita, Manaud y Arias comprometieron el traspaso de nueva información desde el Ministerio Público, para que el CDE analice estos antecedentes y pueda resolver una eventual querella. Sin embargo, una vez finalizada la reunión, Manaud advirtió que, a su parecer, el caso debería salir de Rancagua.

“Creo que lo más aconsejable, incluso para la fiscalía, sería que la causa se conduzca desde Santiago”, lanzó la presidenta del CDE, quien antes había manifestado que en el caso de su institución, serán abogados de la Región Metropolitana los que verían el caso y no los representantes que están en O’Higgins.

Este último punto respondería a que los abogados del CDE que están en Rancagua han tramitado causas en las salas que en algún momento integraron los jueces suspendidos.

La situación más comprometedora la tendría la jefa del equipo en Rancagua, la abogada procuradora fiscal (APF) Lya Hald Ramírez.

Según Manaud, esta se inhabilitó, pues existe “una relación de amistad con un ministro de apellido Albornoz (Marcelo), en el caso de la APF (Lya Hald). En el caso del abogado (Guillermo Lara), no recuerdo”.

Sobre la reunión con Arias, la presidenta del CDE señaló que “vine a coordinar con el fiscal regional la entrega de antecedentes y a tratar de superar las dificultades que se habían producido hasta ahora, porque no habíamos contado con toda la información necesaria como para poder resolver presentar una querella en este caso, que es tan importante y de tanta trascendencia”. Agregó que Arias se comprometió a entregarle todos los antecedentes el lunes.

Este acuerdo fue dado a conocer por Manaud al consejo pleno del CDE. En esta instancia existió consenso de que con los elementos que tienen a la vista, no pueden querellarse.

Revisión de cargos

El pleno de la Corte de Rancagua decidió este martes repetir las audiencias públicas para 11 cargos de jueces de la región, pues en la presentación original de los postulantes el tribunal estaba compuesto por los tres ministros suspendidos.

El presidente del tribunal de alzada, Pedro Caro, indicó que “por necesidad de transparencia, tanto para los ministros suplentes que se integraron a este tribunal de alzada y los propios postulantes, resulta indispensable contar con una nueva audiencia pública”.

En cuanto a las diligencias de la ministra Maggi en el sumario contra los ministros Elgueta, Albornoz y Vásquez, este quedó paralizado mientras avanza en la otra investigación: los otros funcionarios del Poder Judicial que puedan estar vinculados en irregularidades.

La intención de Maggi es igualar los tiempos procesales de ambos sumarios, pues hay nombres que se entrecruzan.

Fuente: La Tercera