La Corte de Apelaciones de Arica acogió un recurso de protección presentado por el municipio de la ciudad del norte en contra de los padres de un menor de siete meses de edad quienes se niegan a inocularlo con las vacunas que forman parte del Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud.
Según señala el fallo, en octubre de 2018 la madre acudió a un Cesfam de Arica junto a su hijo para un control rutinario y, durante la atención, la progenitora manifestó su negativa a administrarle vacunas al menor, argumentando que su padre había fallecido como consecuencia de recibir la vacuna contra la influenza.
Además, el personal del centro asistencial concurrió dos veces al domicilio del lactante para inocularlo, sin resultados positivos.
En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Pablo Zavala Fernández, Marcelo Urzúa Pacheco y Marco Antonio Flores Leyton– acogió la acción cautelar presentada en resguardo de las garantías constitucionales del lactante.
«Corresponde acoger la presente acción (…) porque el actuar de sus padres constituye una vulneración a la garantía constitucional consagrada en el N° 1 del artículo 19 de la Carta Fundamental, respecto de su derecho a la vida y su integridad física», dice el fallo.
La sentencia también agrega que «toda vez que resultó manifiesto que la negativa de los recurridos, en vacunarlo, conforme al calendario de vacunas que ha establecido el Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Salud Pública, ha sido ilegal». Además, la Corte autorizó al municipio «recabar el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición».