El hacinamiento en cárceles chilenas se redujo al 37,5% de los establecimientos en 2017, pero la situación carcelaria en nuestro país sigue siendo precaria, según un informe difundido este lunes por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

La cifra evidencia una mejora respecto de los datos registrados en 2016, cuando el hacinamiento afectaba al 42,4% de la población carcelaria, de acuerdo con el “Estudio de las condiciones carcelarias en Chile”, que evaluó 40 establecimientos penales de los 87 existentes en el país y detalla la convivencia de 5.417 reclusos que se encuentran en recintos penales no concesionados.

Las cárceles evaluadas son administradas por el Estado y 22 de ellas tenían en 2017 una población penal de menos de 100 personas, dos entre 200 y 300, seis entre 300 y 400 y una con más de 700 reos.

En 2016, un 55% de los establecimientos penitenciarios del informe se encontraban por encima del nivel de capacidad; mientras que en el 2017 esta cifra también se redujo al 47,5%.

“Disminuir los niveles de ocupación de los recintos penitenciarios, ya sea por sobreocupación o hacinamiento. Se recomienda al Estado tomar medidas urgentes para abordar la sobrepoblación y hacinamiento en los establecimientos penitenciarios, disponiendo los mecanismos necesarios para remediar cualquier situación de alojamiento por encima del número de plazas establecido”, alerta el INDH en su reporte.

Las carencias también se comprobaron “en algunos establecimientos, al advertir casos de personas que duermen en el baño o en el piso”. También “no siempre” se mantiene la separación entre imputados y condenados y los presos tienen un insuficiente acceso al agua y precariedad de servicios higiénicos.

De acuerdo al INDH, el hacinamiento penitenciario se constata cuando la población carcelaria supera en más del 20% a la capacidad de las camas disponibles.

Asimismo, el organismo señaló al acceso a las prestaciones de salud mental como uno de los aspectos más “invisibilizados y carentes” dentro del sistema, mientras que en 26 de los 40 establecimientos se encontró que los reclusos recibían algún nivel de mal trato como golpes y amenazas, que dejan al descubierto que existen “niveles de naturalización de acciones de violencia”.

En esa línea, el Instituto llamó al Estado a “prevenir estas situaciones ya sea con medidas de salud, así como con acciones para evitar riñas al interior de las unidades penales”.

Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad Jurídico Judicial del INDH, explicó que las condiciones que se detectaron en estos centros, son una situación recurrente y que no ha tenido solución por parte de las autoridades.

“Tenemos una situación que es muy grave, que es muy preocupante, pero que no es nueva. El estudio sigue mostrando vulneración de derechos de las personas privadas de libertad, tal como mostraba en estudios anterior del Instituto de Derechos Humanos y de otros organismos, como la Corte Suprema y entidades académicas”, señaló.

La directora de la ONG Leasur, Stephanía Walsser, cuestionó la reclusión como solución a la delincuencia y aseguró que las condiciones de vida de las personas privadas de libertad dificultan su futura reinserción.

“Se ha promovido la privación de libertad como una fórmula de seguridad pública, lo que ha traído como consecuencia un aumento continuo en las tasas de encarcelamiento”, sostuvo.

“Las características que tiene la cárcel, contribuyen a reproducir desventajas sociales, lo que redunda en altos niveles de reincidencia y bajas posibilidades de reinserción”, cuestionó Walsser.

La atención médica fue también objeto de cuestionamiento, ya que los funcionarios que prestan este tipo de atención, atienden -en promedio- a 49 reclusos. Sin embargo, en el caso del Centro de Cumplimiento Penal de Los Andes existe un funcionario para 187 personas.

Andrés Segovia, director nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, mostró su preocupación por las condiciones de vida de reclusos y trabajadores, y aseguró es necesario que el Estado se haga cargo de este problema, para que no se repitan tragedias como la ocurrida en San Miguel.

“Las cárceles de Chile son bombas de tiempo, hay unidades penales que están al 100% de su capacidad, donde hay internos violentos, donde hay mucha carga de combustión, y puede haber una tragedia como la que ocurrió en 2010”, aseveró.

Desde el Gobierno, la vocera Cecilia Pérez, aseguró que han recogido parte importante de las observaciones que dicen relación con el mejoramiento de condiciones y de rehabilitación, y puso como ejemplo el Programa +R, presentado hace un par de semanas, que busca trabajar en reinserción, a través de una alianza público-privada.

Fuente: Biobío