Los fiscales judiciales de la Corte de Apelaciones de Rancagua Marcela de Orúe y Alvaro Martínez realizaron una capacitación sobre los alcances de la Ley 20.880, que tiene relación con la «Declaración de Intereses y Patrimonio: Obligaciones, Sanciones y Herramientas», actividad que se desarrolló en dependencias del tribunal de alzada.
La fiscala judicial Marcela de Orúe señaló que «la capacitación estuvo orientada a todo el escalafón primario de los tribunales de la jurisdicción y a la segunda serie del escalafón secundario, que son notarios, archiveros y conservadores. La idea fue darle luces de cómo debe hacerse la declaración, qué es lo que señala la ley y por qué hay que hacerla, además de explicar cómo deben acceder en la plataforma digital con los pasos a seguir en esta obligación legal».
Asimismo, Álvaro Martínez precisó que «los fiscales judiciales tenemos que controlar que efectivamente los funcionarios obligados por la Ley 20.880 realicen su declaración y posteriormente tenemos que fiscalizar su contenido, su veracidad y la integridad de la misma. En la capacitación se contestaron las dudas de los participantes donde se observó un gran interés por parte de ellos en la cita mencionada».