El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, advirtió esta jornada que las pugnas por los roles que el máximo tribunal del país ha tenido con la Contraloría y el Tribunal Constitucional (TC) puede “dificultar el ejercicio de potestades esenciales del Estado”.

Dicha situación fue expuesta por Brito durante su cuenta pública, realizada en el Palacio de Los Tribunales, en pleno centro de Santiago. Actividad que contó con la presencia del Presidente Sebastián Piñera, así como de las principales autoridades político, judicial y civil del país.

“Casos como el fallo del Tribunal Constitucional, que declaró inaplicable las normas del Código del Trabajo sobre tutela laboral en un proceso en que se pretendía unificar jurisprudencia en favor de una funcionaria municipal y la contienda de competencia trabada entre la Corte Suprema y la Contraloría General de la República, reflejan la existencia de áreas cuyos límites requieren análisis y observación crítica que conduzcan a superar un estado de tensión que, de ser exacerbado, puede afectar la estabilidad y seguridad jurídica”, dijo Brito.

Agregó que “se trata de decisiones en las que se juegan las características más propias de la juridicidad institucional; por lo mismo, de la mayor importancia para las estructuras de este orden”. Afirmando que estos sucesos “que han tensionado el actual diseño organizacional y normativo, lo que puede dificultar el ejercicio de potestades esenciales del Estado. Ello evidencia la necesidad de observar rigurosamente los límites insalvables de las distintas competencias”.

Acusación constitucional contra jueces

El presidente del máximo tribunal del país también abordó la acusación en contra jueces de dicha corte por parte de algunos diputados, hecho ocurrido en septiembre de 2018.

“Tal como lo señalamos en su oportunidad, la existencia de esta herramienta constitucional es parte del control recíproco de pesos y contrapesos de un Estado de Derecho Democrático y, por ello, obliga a un ejercicio responsable y cuidadoso, pues de no emplearse así, este mecanismo de excepción corre el riesgo de convertirse en un instrumento ilegítimo para revisar el contenido de resoluciones judiciales, lo que pone en tela de juicio el Estado de Derecho, pues de ese modo se resiente por completo el sistema de protección de los derechos humanos, que se construye a partir del ejercicio de la jurisdicción por un Poder Judicial independiente, autónomo e imparcial”.

Sostuvo, además, que “esta Corte está consciente de las graves dificultades que surgen para avanzar en justicia penal y reparación civil, sobre todo en el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad. Estas dificultades han generado tardanza, toda vez que existen numerosos procesos inconclusos. Pero también estamos conscientes de los avances que evidencian las estadísticas, sobre todo por el número de procesos terminados en todos sus grados jurisdiccionales”.

Fuente: La Tercera