Ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso fue presentada una querella contra del comandante en jefe de la Armada, Julio Leiva, por utilización de caudales públicos asignados como gastos reservados, para la defensa judicial de gran parte de los imputados en causas por violaciones de derechos humanos que pertenecieron a la Armada.

De acuerdo a lo informado por el portal Interferencia, Leiva se ha dedicado a obstruir los procesos penales, planificando, coordinando y ejecutando operaciones de inteligencia encubiertas destinadas a amedrentar y amenazar al ministro Jaime Arancibia Pinto, por parte de la Dirección de Inteligencia de la Armada.

La acción judicial fue presentada por Mónica Araya, abogada de derechos humanos, quien es hija de detenidos desaparecidos y madre de Juan Henríquez Araya, comandante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), fallecido en el marco de la llamada Operación Albania en 1987.

La abogada denuncia seguimientos e intercepción de llamadas de los teléfonos personales e institucionales de Arancibia, quien es ex presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

«También se denuncia una campaña de desprestigio por redes sociales (…) mensajes de WhattsApp que circulan en grupos de funcionarios de la Armada, tanto activos como en retiro», dice el medio digital.

Uno de los supuestos mensajes aseguraría que «el resurgimiento del pinochetismo en algunos jóvenes parlamentarios que defienden el legado del modelo económico y social del Gobierno Militar, ha sumado el surgimiento de jóvenes abogados que innovando en sus argumentaciones no toleran más la politización y abuso del empleo en sede judicial de los Derechos Humanos».

«Un ejemplo de ello es la tenaz defensa del abogado Javier Gómez en favor del capitán de navío en retiro don Patricio Villalobos, al dejar en evidencia al prevaricador e inhumano juez don Jaime Arancibia Pinto de la Corte de Apelaciones de Valparaíso», finaliza el texto.

En cuanto al financiamiento de las defensas judiciales de ex integrantes de la Armadainvolucrados en casos de violaciones a los derechos humanos, el medio digital asegura que «en distintas cortes del país, aseguraron que esta situación se conoce como un secreto a voces en la justicia chilena, desde que se comenzaron a investigar estas causas».