El juicio a una docena de independentistas catalanes, que comienza mañana, ha sido calificado como el más grande de su historia desde la transición a la democracia en 1977, tras la muerte de Francisco Franco y también uno de los más mediáticos.

El proceso, retransmitido en directo por la televisión pública nacional, podría  durar unos tres meses. Se espera que el Tribunal Supremo dicte sentencia dos o tres meses después del final de las audiencias.

La fiscalía pidió hasta 25 años de prisión contra los acusados, 12 en total, responsables en el momento de los hechos del Ejecutivo y el Parlamento  regionales, así como de las influyentes asociaciones separatistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.

El principal ausente será el ex presidente catalán Carles Puigdemont, que huyó a Bélgica. Según explica France Presse, la justicia española no juzga en ausencia en el caso de delitos graves.

Nueve de los independentistas están acusados de rebelión, a los que se suma el delito de malversación para seis de ellos. Llevan meses en prisión preventiva, algunos incluso más de un año, como el exvicepresidente regional catalán Oriol Junqueras. Los otros tres, en libertad condicional, están acusados de desobediencia y malversación de caudales públicos.

Según The Associated Press, los independentistas catalanes han atacado la credibilidad de la corte alegando que es un títere en manos del gobierno y que cualquier fallo tendrá carácter político y se habrá decidido de antemano. “En realidad, lo que se juzgará es la misma democracia”, escribió Oriol Junqueras, uno de los acusados, desde prisión a las preguntas enviadas por The Associated Press. “Estamos a las puertas de un juicio en el cual, en base a una investigación y una instrucción parciales y plagada de falsedades e irregularidades, se está intentando criminalizar una opción política; una ideología”, añadió.

Más de 500 testigos están llamados a declarar ante el alto tribunal, incluyendo el expresidente del gobierno español Mariano Rajoy, funcionarios de los gobiernos catalán y central, agentes de policía y ciudadanos de a pie.

La acusación por rebelión dependerá de si la fiscalía puede demostrar que los separatistas emplearon violencia durante la intentona independentista. Además enfrentan cargos por sedición, lo que no implica violencia, desobediencia y malversación de fondos públicos.

Políticamente también hay mucho en juego, dice The Associated Press, debido a que una sentencia severa aislaría aún más a muchos catalanes, y posiblemente incluso a algunos que no han sido seducidos por la idea de la independencia. El inicio del juicio coincide con el intento del actual presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, de recabar el apoyo de los partidos secesionistas catalanes para aprobar los presupuestos generales en el Congreso.

Fuente: La Tercera