La ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco dictó la conferencia: «Jurisprudencia de protección de la vida y la salud ante falta de cobertura prestacional. La aplicación directa de la Constitución en materia sanitaria», en la Facultad de Derecho de la Universidad de Comillas de Madrid.

La invitación fue cursada por el plantel para conocer cómo se está resolviendo en Chile el tema de los derechos sociales, en particular sobre la salud, materia que la ministra expuso, ante una audiencia compuesta por profesores y alumnos de pre y posgrado el plantel.

«Las universidades españolas tienen muchas líneas de investigación sobre los derechos sociales y me pidieron una conferencia sobre cómo se estaba visionando en Chile los derechos sociales a través de la jurisprudencia, particularmente de la Corte Suprema. Yo seleccioné dentro de eso comentar el tema de la aplicabilidad directa de los derechos sanitarios en la Constitución. En otras palabras, casos en que por la vía de los recursos de protección se han otorgado prestaciones a personas que de otra manera no la hubieran obtenido», explicó la ministra de la Tercera Sala de la Corte Suprema.

«Es una experiencia compartida con otros países que los derechos sociales, que son prestacionales, muchas veces se modulan a través de la jurisprudencia de los tribunales. Es decir, qué pasa cuando la ley no llega solucionar ciertos problemas y se ha postulado por ejemplo, la aplicabilidad directa de la Constitución. Es decir, si nosotros queremos preservar la vida de una persona, obviamente vamos a buscar la normativa que apoye esa tesis, pero lo más importante es que la Constitución garantiza el derecho a la vida de las personas y no por falta de una prestación oportuna se va a perder la vida que ha sido la esencia de los fallos a que yo me referí», agregó Vivanco.

Consultada respecto de la aplicación de los derechos y su relación con la disponibilidad presupuestaria de los servicios estatales por ejemplo, la ministra dijo que «es importante decir que los fallos de los tribunales no son los que tienen que venir financiados, sino las leyes. En consecuencia los tribunales, cuando resuelven esta materia, no tienen, y así se ha dicho expresamente, la pretensión de generar políticas públicas o de alterar los presupuestos, pero sí preservar la vida de las personas más allá del tema presupuestario. Ese tema debe ser analizado en las instancias que corresponda».

«Lo que corresponde a los tribunales es administrar justicia y preservar los derechos de las personas más allá de los presupuestos. Y por lo tanto, tendrá que ser la administración la que reordene los presupuestos para cubrir estas situaciones que son eminentemente excepcionales», afirmó.