Un calcetín dentro de un bolsillo. Ese fue el elemento sospechoso que llevó Gendarmería a descubrir, hace dos semanas, un nuevo caso de un abogado que operó como “burrero” para ingresar drogas u otras sustancias al interior de un penal, en este caso la ex Penitenciaría de Santiago.

Según La Tercera este es uno de los cinco casos detectados solo en lo que va de 2019. Entre 2015 y el mes pasado ya totalizan 80 los abogados denunciados a las fiscalías por ingresar estupefacientes o sustancias ilícitas a cárceles del país. Uno de los factores que ha incidido en la persistencia de este fenómeno, indican desde la institución penitenciaria, es la normativa que prohíbe registrar a los defensores que concurren a centros penales para atender a sus clientes.

Otro profesional, hace pocas semanas fue condenado a cuatro años y medio de libertad vigilada por los delitos de “tráfico ilícito de pequeñas cantidades y expendio a cualquier título de sustancias peligrosas para la salud”. Esto, luego de entregarles a dos internos de los penales Santiago 1 y la ex Penitenciaría, 9,4 gramos de clonazepan y 200 comprimidos de Viagra.

Según las estadísticas de Gendarmería, la mayor cantidad de denuncias de este tipo corresponden a la Región Metropolitana. Arturo Alessandri, presidente del Colegio de Abogados, definió esta situación como “gravísima”. La cifra me parece altísima”, enfatizó.

Alessandri no descartó que se aborde modificar la normativa que prohíbe registrar a los defensores. “Creo que valdría la pena estudiarlo y analizarlo. Me parece que es muy grave y amerita una revisión de todo el procedimiento”, aseveró.