La Audiencia Nacional ha ordenado este jueves reabrir la investigación por delito de encubrimiento de rebelión contra las cuatro personas que acompañaban al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont cuando fue detenido el 25 de marzo de 2018 en Alemania. De este modo, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal estima el recurso presentado por la Fiscalía contra el auto de sobreseimiento que dictó el juez Diego de Egea el pasado octubre. Este magistrado consideró entonces que los cuatro investigados “no tenían conocimiento de la activación de la Orden Europea de Detención y Entrega” de Puigdemont que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena había activado dos días antes al conocer que el político fugado se encontraba en Finlandia y preveía regresar a Bélgica, donde ha fijado su residencia tras abandonar España tras la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017.

Ahora, la Audiencia Nacional entiende que los cuatro investigados —el empresario Josep Maria Matamala, el historiador Josep Lluís Alay y dos mossos— necesariamente tenían que conocer la situación de huido de la justicia del expresidente de la Generalitat cuando decidieron acompañarle en su viaje por carretera de vuelta a Bélgica. El recurso de la Fiscalía incidía en esta idea, y recordaba que era público y notorio que en aquel momento Puigdemont era investigado por un delito de rebelión y que había huido para no comparecer ante la justicia. Ahora, la Audiencia Nacional hace suyo este planteamiento y considera que existen «indicios suficientes de la comisión del delito de encubrimiento”.

El auto de la Sala recalca como prueba de ello «el inusual trayecto» que el empresario, el historiador y los dos mossos realizaron —más de 2.000 kilómetros— y que para los magistrados es indicativo de que la finalidad última era «dificultar la posible detención del señor Puigdemont en su regreso a Bélgica. Es difícil imaginar otro motivo para la realización de un viaje tan prolongado, incómodo e incluso arriesgado, cuando estaban a la disposición de todos ellos sistemas más rápidos, cómodos y seguros”, añade en su resolución. De este modo, la Audiencia Nacional rechaza el argumento esgrimido por los tres investigados que comparecieron ante el juez —el empresario Matamala nunca lo hizo— de que la intención última de Puigdemont era «ponerse a disposición de las autoridades belgas».

Fuente: El País

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